Noticia aparecida el día 9 de Julio en la pagina web del periódico Diagonal. Hemos perdido toda nuestra autonomía en la gestión de nuestro entorno, ahora es el estado quien se encarga de "apagar" los incendios y de decidir por si mismo cuales son los intereses de la población. La gestión de nuestro entorno se ha convertido en un negocio muy rentable para empresarios y políticos, la extinción de los incendios ha generado un mercado en donde unos y otros tiran y aflojan para recibir subvenciones y donde ahora con esta nueva ley van a haber más intereses de los que ya hay para que esto vaya a más. En cada incendio se levantan voces sobre la manera en como son gestionados estos por las autoridades con múltiples problemas (como desconocimiento del terreno, trabas burocráticas, ausencia total de brigadas de limpieza de montes...) sin que nadie haga nada al respecto. Con esta nueva ley aun será más negocio que nuestros montes sean incendiados. Vivimos tiempos de una desposesión cada vez mayores, con cada vez leyes más represivas que nos hacen imposible actuar en nuestro medio. Cada año vuelven una y otra vez con nuevas tecnologías que nos salvaran del desastre cuando cada vez nuestro entorno esta más abandonado. La realidad es que será el factor humano el que nos salvara de la destrucción de nuestro entorno a través de la limpieza de montes y de la implicación de las poblaciones en su medio más próximo. Pero ¡no nos engañemos!, ¡vivimos en pleno s.XXI!, ¡preocuparse por nuestra naturaleza y utilizarla de una manera realmente sostenible por los vecinos y no por las autoridades seria como volver a la aldea! y somos una sociedad que solo mira a su pasado para ver lo modernos que somos ahora. Haremos una nueva aplicación en el móvil para la extinción de incendios, firmaremos en Change.org, pondremos unas fotos con comentarios de indignación por Whatssap y facebook y así pondremos nuestro granito de arena.
Santiago Fernandez
El Congreso de los Diputados aprobó ayer, definitivamente, la nueva Ley de Montes con la que se deja vía libre a las comunidades autónomas para la recalificación de suelo que haya sufrido incendios sin
que tengan que pasar los 30 años marcados como plazo en la anterior ley
de 2003 si hay motivos de interés público –a partir de una enmienda
presentada por el Partido Popular y que contó con el apoyo de UPyD y
UPN– y quita competencias a los agentes forestales a la hora de
denunciar delitos ambientales, y que pasan ahora a ser auxiliares de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Durante el debate final, el diputado popular Manuel Torres ha echado
en cara a los partidos de la oposición que han rechazado la nueva norma
que mostrar "falta de sensibilidad con los propietarios y habitantes del mundo rural, queriendo limitar sus posibilidades de desarrollo".
La ley afectará a más de 54% de la superficie del país, considerado suelo forestal. Son 27,7 millones de hectáreas de las que dos terceras partes son de propiedad privada.
Los colectivos ecologistas se han posicionado en contra de la nueva
ley, a la que acusan de herramienta para "favorecer intereses privados".
Desde Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace, WWF y
SEO/BirdLife destacan que la intención del Gobierno del Partido Popular
con la aprobación de esta norma es "desregular y eliminar toda limitación a la hora de desarrollar ciertas actividades económicas y urbanísticas".
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