Iñaki Rivera es profesor de derecho penal en la Universitat de Barcelona, donde dirige el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos(OSPDH). Desde la academia , denuncian casos de tortura y maltratos de personas privadas de libertad, y no tienen miedo de abaderar la defensa de colectivos como el de presos y recordar que también tienen derechos,pese a su mala consideración social.
¿Hay torturas actualmente en España?
Sí, claro está, y no sólo actualmente.
¿Qué entendemos por tortura?
El maltrato a personas que estén en situación de privación de libertad, que pueden pasar por maltrato de carácter físico, por desprecio, o, como dicen los tribunales, por situar la víctima en situaciones de humillación y envilecimiento, haya daño físico o no. Esta es la definición más de acuerdo con las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde luego que son una realidad, sí.
¿Qué casos destacaría?
Yo no puedo decirlo. Por esto me remito a los informes anuales de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura, que los pueden ver en su web. Encontrarán aproximadamente 700 casos anuales de los últimos 10 años, o sea que estamos hablando de 7.000 casos aproximadamente, y sólo se publican aquellos que tienen una apariencia de credibilidad más importante, ya sea porque están contrastados judicialmente o como sea. En realidad puede ser la punta de un iceberg que identifica que hay una cifra negra mucho más elevada que la que oficialmente se encuentra aquí registrada. Creo que es el mejor banco de datos al cual se puede acudir para elloen España.
El junio pasado fueron condenados, tras 9 años, seis funcionarios de prisiones por maltratos denunciados por los reclusos de la prisión de Quatre Camins en el 2004. ¿Lo considera un paso importante en la lucha contra la tortura?
Relativamente. Cada paso que se pueda dar desde luego es importante, sobre todo en cuanto que ha quedado judicialmente demostrado que los presos no mentían. Esto seguramente sea lo más positivo. Después hay muchas circunstancias negativas en este proceso. Se tardó nueve años en llegar a una sentencia, lo cual es verdaderamente impresentable. Estos nueve años incluso llegaron a servir como atenuantes a los propios funcionarios condenados, por la violación de su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Es decir, que los retardos provocados en su inmensa mayoría por sus abogados los sirvieron finalmente por rebajar las condenas. Estos nueve años también supusieron que muchísima gente quedara fuera de este proceso. Desde 200 funcionarios inicialmente presuntamente involucrados en esto a menos de una decena, y un montón de presos que fueron también lesionados o tuvieron sus derechos violados en aquel momento, de los cuales algunos han muerto, de otros no se sabe nada y otras han ido quedando fuera por infinidad de situaciones procesales, traslados, etc. Es decir, es mucho lo que ha quedado fuera de este proceso… Y después quizás lo más importante de todo, que el tribunal ni siquiera, aun cuando menciona la palabra muchas veces, no se atreve finalmente en la decisión a condenar por un delito de torturas, sino por un delito contra la dignidad de las personas y con la consecuente rebaja penal que comporta. Entonces enfrente de todo esto a uno se le queda una media mueca, digamos así, de una satisfacción sumamente aminorada.
Puede recordar cómo fue esta reivindicación de los presos, cómo consiguieron traer este problema a la justicia.
El inicio de todo fue una revuelta que va haber en la prisión un viernes por la noche, lo recuerdo perfectamente. A partir de la semana siguiente, unos familiares de presos que habían ido a comunicarse el fin de semana, que es el horario de comunicaciones, vinieron aquí [al despacho a la UB] algunos, y algunos por teléfono, señalaron o bien que no habían podido ver sus familiares, a los presos, porque habían sido trasladados, o bien los habían visto muy dañados y especialmente temorosos. Entonces pidieron que fuéramos a verlos. En aquel momento pedimos autorización. Se acababa de estrenar hacía dos o tres días el nuevo director general de Servicios Penitenciarios de Catalunya, Albert Batlle, en el momento inicial del Tripartit, y nos concedió la autorización para que fuéramos a la prisión y pudiéramos entrevistar a los presos, tomarlos declaración, habla con las autoridades, médicos, dirección, etc. Durante un mes aproximadamente estuvimos visitando gente en diferentes prisiones, hablando con ellos y transcribiendo lo que nos decían en una especie de declaraciones. Con todo esto se elaboró un dossier importante, que se presentó al Departamento de Justicia a la administración penitenciaria, y a partir de aquí se nos pidió un tiempo porque ellos adoptaran algún tipo de medida de protección con los presos. Cuando constatamos a la cabo de otro mes que no se había hecho absolutamente nada, que no habían ido a ver nadie, que no se había trasladado a nadie, que no se había adoptado ningún tipo de medida de protección, decidimos hacer todo esto público mediante la prensa. Entonces se generó un gran escándalo y se puso de manifiesto que durante tanto tiempo no se había hecho absolutamente nada. Se crearon comisiones parlamentarias de investigación, toda una serie de hechos públicos, y los presos fueron escuchados, el colegio de abogados les puso letrados, y estos, y especialmente dos abogadas, fueron las que sostuvieron durante nueve años todo este proceso de la defensa, gratuitamente.
¿Es difícil de cara a la opinión pública defender el derecho de los presos?
Sí, muy difícil. La gente es muy ignorante en este sentido y sólo piden que se pudran en la cárcel, o piensan exclusivamente en las víctimas de los delitos, creen en la falsa pedagogía que porque se trituren los derechos de los presos se salvaguardarán los derechos las víctimas, lo cual es una pésima pedagogía. En este sentido no creo que haya ningún tipo de sensibilidad o en todo caso muy minoritaria enfrente de los derechos de las personas privadas de libertad. Hasta que a cada cual le toca por alguna razón en la vida conocer de cerca qué es de verdad el sistema penal y penitenciario. Hasta este momento es muy difícil entenderlo, que haya una cierta sensibilidad sobre el tema.
¿Las prisiones cumplen alguna función social?
La cárcel sabe hacer muy bien lo único que sabe hacer muy bien, que es guardar gente. Y cuanto más gente se guarda, responde más a las políticas del denominado populismo punitivo, algo del gobierno electoralista, mediante la potenciación de la inseguridad y este tipo de situaciones. En este sentido cumple una función directa de guardar gente, de sacar desechos sociales que se considera que no deben vivir en libertad. El perfil de las personas es cada vez más acusado. Son jóvenes, en un 35-40% no nacionales, no españoles, enfermos en su mitad, todavía con altos niveles de analfabetismo, que en realidad es un fenómeno prácticamente erradicado de la sociedad española libre.Por otro lado, evidentemente cumplen la función política o simbólica de dar la sensación de que se hace algo ante un enorme malestar social que cada vez crece y crece más. Así nos acercamos a modelos de derecho penal máximo, que sería exactamente la tendencia a la que se está yendo hace tiempo, que es exactamente la contraria a la que debería conducir un sistema penal democrático, en el cual debería reservarse la respuesta segregativa, carcelaria, como última de todas las imaginaciones posibles.
Y aquí no pasa esto.
Aquí sucede exactamente el contrario. Se legisla siempre a golpe de emergencia, si hay un problema económico hace falta reformar el Código Penal y alargar penas de prisión. Si hay un problema de tráfico a la calle se reforma el Código Penal para lo cual, si hay cuestiones que tienen que ver con los derechos de la mujer se reforma el código también, con cuestiones de insatisfacción, de criminalización de movimientos sociales, de violencia política… Se puede decir que la única imaginación posible es inmediatamente recurrir a una reforma del Código Penal, dando la falsa sensación de que criminalizando los problemas se les está dando una respuesta a los mismos. Evidentemente deberán tener respuesta en otras políticas menos lesivas, como son las políticas sociales.
Por los datos que nos comenta, se podría decir que a las prisiones sólo hay pobres.
Los pobres van a la prisión y Rodrigo Rato va al Parlamento de Catalunya a explicar sus entuertos. Todos los delincuentes de cuello blanco están evidentemente en libertad, en grandes coches lujosos, defendidos por grandes abogados de grandes despachos, disfrutan de todo tipos de prebendas, garantías, recursos y otras, y los presos pobres como mucho si tienen a alguien tienen su madre. O a su compañera, que casi siempre el papel entre hombre y mujer se da de este modo, con toda la consecuente vulnerabilidad que también sufre la mujer que queda fuera, en el caso del ingreso de los hombres. Creo que el retrato sociológico es evidente. No hace falta ser un gran doctorado por comprobar esto. Hace falta ir sencillamente un viernes, sábado o domingo, plantarse a la puerta de la prisión, a la sala de comunicaciones, y ver la clase social, el aspecto, la vestimenta, la manera de habla de la gente que va a la prisión. Estos son los que son. Los otros los vemos declarar por televisión con sus grandes abogados, sus coches, y demás. De vez en cuando entra algún pescado gordo, pero, como se dice, las rejas se han hecho muy pequeñas porque este pescado gordo parece que es inmediatamente expulsado, y quedan los pescados pequeños adentro.
¿Y El sistema judicial está defendiendo los derechos de las personas?
En general no, pero no por una cuestión malévola de los jueces. No creo que las cosas sean así de infantiles. Creo que hay estructuralmente un diseño legislativo y toda una cultura judicial que ampara y promueve que las situaciones acaben siendo de este modo. Esto no trae, y sería realmente muy injusto no decirlo, que afortunadamente hay cada vez más –normalmente jóvenes– jueces, juezas, abogados, activistas de movimientos sociales, etcétera, que ante todo lo que está sucediendo van teniendo una conciencia muy diferente. Pero esto es sumamente minoritario en comparación con la cultura jurídica dominante, que se forma en esta Facultad [de Derecho de la UB] o en otras similares. Esta es claramente la fábrica de todo esto, sólo hace falta dar un paseo por aquí dentro por ver quien habita este tipo de fábricas, digámoslo así, de la cultura jurídica. Y desde luego que después esta será la clase dominante desde el punto de vista de los jueces, fiscales, etc.
Pero hay honrosas excepciones que de vez en cuando dan alguna alegría por la cual piensas que sigue mereciendo la pena luchar. Porque a veces hay gente que consigue cosas muy importantes y presenta pruebas, encuentra vídeos de palizas y cosas similares. Entonces parece que todavía quedan ventanas o algunas brechas dónde hace falta seguir resistiendo de alguna manera. Yo soy muy pesimista en cuanto a la cultura jurídicopenal y a lo que se nos viene encima. Creo que vivimos un panpenalismo, como algunos dicen, que no ha hecho más que empezar y creo que hará falta estar preparado por resistir mucho tiempo. Pero como decía un gran autor que nos gusta mucho [Walter Benjamin], hace falta organizar el pesimismo, porque todavía quedan muchas posiciones por seguir defendiendo y este es el camino de nuestra actuación cotidiana.
¿La universidad está perpetuando unos valores?
La universidad por definición, y por supuesto la universidad pública, es un lugar en teoría lo suficiente abierto como para que entre de todo, una gran variedad. Pero tampoco hay duda que cada vez se están poniendo más impedimentos sociales y especialmente económicos para que la gente con pocos recursos pueda acceder a los estudios. Por lo tanto se vuelven a otros tiempos en qué parece que sólo determinadas élites sociales, profesionales, hijos de o élites económicas puedan tener más facilidades por estudiar. En este sentido la universidad sigue siendo un lugar de acceso público, pero cada vez menos. Esto por un lado, desde un punto de vista sociológico.
¿Y desde el punto de vista de los contenidos?
Desde el punto de vista de para qué se forma la gente, yo creo que la universidad está cada vez más cayendo en una clase de escuela de formación técnica, que no es lo que debe ser la universidad, en vez de un ámbito de análisis crítico de las propias capacidades técnicas. Es decir, aquí en una carrera por ejemplo de criminología no se ha de entrenar a la gente a ser policía, juez o fiscal. Esto no es la Escuela de Policía de Mollet, no son academias por formar jueces. Aquí se habría de estar formando críticamente a la gente para que sepan reflexionar sobre su propia actuación profesional. Esto es una cosa que encontramos mucho a faltar, que quitado de excepciones, que también hay, se opta más por un perfil de formación meramente tecnocrático que de dotar a los estudiantes de elementos para tener una reflexión crítica de sus propios puestos de trabajo en el futuro.
Recientemente se ha hablado mucho la Doctrina Parot. ¿Qué significa su derogación a nivel de los derechos humanos? ¿Lo considera un paso importante?
Francamente no, porque el mantenimiento de la Doctrina Parot fue una aberración. Escribimos sobre esto ríos de tinta hace siete u ocho años, evidentemente para nada en aquel momento. Era una aberración muy clara. Por algo toda la clase jurídicopenal hoy en día ni la discute. Incluso la más reaccionaria o conservadora acata absolutamente la sentencia del tribunal europeo, porque realmente la aplicación retroactiva de la ley penal es una cosa que enseñamos en primero de derecho a los estudiantes que no se puede hacer y es lo que se hizo. Por lo tanto no viene a ser nada más que poner las cosas a su lugar desde el punto de vista de la jerarquía de las normas. Pero como lo que se hizo mal en una interpretación de sentencias en esta denominada Doctrina Parot después se introdujo en la ley, en el nuevo Código Penal, hoy en día se puede hacer de acuerdo con el derecho esta suma total de los beneficios penitenciarios que se hizo mal con la Doctrina Parot, con lo cual no ha sido una victoria para nada, sino un pequeño ajuste. Ahora ya se pueden alargar perfectamente las penas, que era la intención que en definitiva se tenía con las reformas que posteriormente hubo del Código Penal, con lo cual la lucha contra el alargamiento de penas hace tiempo que se ha perdido en España. Se perdió con los treinta años de cumplimiento efectivo, se volvió a perder cuando se aumentaron a cuarenta, y ahora estamos a punto de perder otra batalla con la pena de cadena perpetua revisable, que ya tiene carta de naturaleza en el nuevo proyecto de Código Penal. En realidad vamos de retroceso en retroceso.
¿Tiene sentido que alguien esté cuarenta años o toda la vida a la prisión?
Seguramente para mucha gente sí, por qué negarlo. Una cosa es que nosotros estemos hablando esto tranquilamente, pero desde luego que también hay el dolor de verdad de las víctimas, y no me refiero a la utilización injusta de las asociaciones de víctimas que viven de esto, sino al dolor evidentemente legítimo de gente que ha sufrido atrocidades. Es absolutamente legítimo para estas personas que la gente no salga nunca jamás de las prisiones o que en otros países los maten. La pequeña diferencia con todo esto es que la política penal de un Estado no puede estar guiada por la opinión de las víctimas. Por esto ha de haber cabezas más frías, racionales, que guíen una política penal propia de un Estado social y democrático de derecho. Y la única pena que admite la Constitución es aquella que estará, dice textualmente el artículo 25.2, orientada a la reeducación y reinserción. A nadie se le escapa que la finalidad de una penalidad de cuarenta años o perpetua no busca reeducar nadie sino el contrario: neutralizar definitivamente a una persona entendida como enemigo, y por lo tanto creemos algunos que este tipo de penalidad no tiene ninguna ensambladura en la Constitución.
Vistas las denuncias de violencia policial, ¿como se controla a la policía?
Ha habido muchos intentos de controlarlos, y cada vez que se ha intentado controlarlos han salido unas cuántas perlas. Lo que pasa es que después se han puesto toda clase de pegas justamente para evitar estos controles. No vengo aquí, nada más lejos de mi intención, a defender el anterior gobierno de Catalunya, el Tripartit, pero, todo se debe decir, aquí se instalaron cámaras en algunas comisarías de policía y lo que estas cámaras revelaron no fueron precisamente caricias a los detenidos, sino todo tipos de golpes y patadas a hombres, mujeres, adultos, jóvenes, a menores… Y las cámaras se taparon, se les acabaron las pilas, se van a golpear en otro lado, al pasillo, porque tampoco es que la cámara ponga luz absolutamente a todo. Se puede traer la persona a “interrogarla”, digámoslo así, a otro lugar dónde no haya la cámara. Se hizo un código ético por regular la actuación de la policía, que intentaba poner un freno mínimo, en realidad, e inmediatamente, cuando llegó el nuevo gobierno de Mas, tardó muy poco tiempo el señor Felip Puig, el antiguo consejero de Interior, en calmar las ansias de sus sindicatos de Mossos d’Esquadra y derogó este código ético y de las cámaras no se supo institucionalmente nada más. Pero mira por dónde, hoy en día, en una sociedad más abierta, dónde es imposible evitar que la gente con sus móviles grabe determinadas cosas que suceden a la vía pública nuevamente unas imágenes nos vuelven a esto.
Entonces cree que es posible.
Claro está que hay posibilidades de controlar la brutalidad policial. España debe mostrar un tanto lo que se hace también en otros lugares, y sobre todo sería muy bueno que España leyera y cumpliera de una vez por todas las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU y las recomendaciones del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa que hace veinte años –por esto estamos ya bastante cansados de repetir todo esto– que viene diciendo que se derogue la ley antiterrorista, que se derogue el periodo de incomunicación, que se regule la identificación de los policías, pero no de cualquier manera, detrás y en pequeño que no la puede ni ver un fotógrafo aunque pretenda hacerle una foto… Son tantas las recomendaciones internacionales, no de asociaciones sospechosas de ser radicales y no sé qué, sino de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que cuando uno ve la nula voluntad de cumplir las recomendaciones internacionales de la propia comunidad de los tratados internacionales que España ha ido a firmar, entonces plegamos. Es a las claras la más absoluta carencia de voluntad política. Y bien, de vez en cuando aparecen estas perlas que ante la inactividad del Estado puesto que la hace quizás un joven, un vecino, o ve a saber quien con su móvil. Afortunadamente en una sociedad abierta como la que vivimos, de vez en cuando pasa esto, pero imagínate todo lo que pasará que no vemos. Si cuando se ha puesto un móvil se ha visto esto, cuando se ponen cámaras a las comisarías aparecen otro. ¿Qué pasará en todos aquellos lugares que no son constantemente grabados? Yo no afirmo nada con esto que se haga siempre sistemáticamente, pero como mínimo queda una duda muy grande que no le hace ningún bien al propio cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Si tan seguros están de su buena actuación, ¿por qué ponen tantos obstáculos a que su actuación sea vista con luz, taquígrafos, con las nuevas tecnologías y demás? ¿O tienen algo a esconder?
¿Por qué cree que falta la voluntad política por aplicar estas medidas?
Ha pasado siempre con las reacciones. Lo que ha pasado con los sindicatos de funcionarios de prisiones, ahora pasa con los sindicatos de funcionarios de policía. La reacción corporativa de estos cuerpos ha sido feroz siempre. Y claro está, no se puede gobernar un país con los funcionarios de prisiones en contra, que pueden paralizar las prisiones, ni con la policía en contra. Entonces sus portavoces, sus organizaciones, que traen orgánicamente, digámoslo así, sus reivindicaciones, deben ser pacificados en sus mesas de negociación y se los deben hacer concesiones a estas cúpulas sindicales.
¿Tiene más incidencia política la policía que los movimientos sociales?
Evidentemente. Los movimientos sociales no tienen el poder, ni tampoco lo quieren, ni tienen el monopolio del ejercicio de la violencia ni nada por el estilo. Los que llevan armas son los policías, los que tienen las organizaciones sindicales también, y los que están próximos al poder y al consejero también. Los movimientos sociales tienen muy pocos recursos, imposibilidades para entrar en las prisiones, por ejemplo, a ver lo que sucede, con prohibiciones constantes, y a pesar de todo son los que siguen revelando cada tanto episodios de violencia policial. Sean los movimientos catalanes de Rereguarda, Ojo con tu Ojo, Stop Balas de Goma, nosotros con el Observatorio, o la Coordinadora contra la Tortura. Afortunadamente, todo se debe decir, como dato esperanzador, al menos, algo en contraste con todo el que he dicho antes, Catalunya tiene, a diferencia de otros lugares, una sociedad civil muy organizada, muy militante en este ámbito y esto es una gran esperanza que queda. Es lo que hace que revelen este tipo de episodios, porque si no son denunciados por los movimientos sociales, desde el poder el único que se hace es ocultarlos. Y de los pocos casos que se consigue echar adelante, la única respuesta que vemos por parte del poder son pegas constantes, reacciones corporativas, y en los muy pocos casos en qué se consigue algún tipo de proceso penal y de condena, por supuesto la respuesta es inmediata, es el indulto a los torturadores condenados.
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